12 de octubre, día de la Resistencia en Abya Yala.

 

 

12 de octubre, día de la Resistencia Indígena:

Breves consideraciones sobre el despojo de tierras en Abya Yala, desde 1492.

  

Por: Félix Rincón.

Imagen recuperada de: https://www.lacoladerata.co/tema/quintin-lame/

Introducción.

Desde la invasión europea en 1492, los pueblos de Abya Yala hemos enfrentado un legado de opresión cuya raíz fundamental se encuentra en la tenencia de la tierra. Mediante el robo y la imposición de un sistema económico feudal, se fortalecieron figuras como el gamonalismo y el latifundio, cimientos de una dependencia económica que ha persistido a lo largo de los siglos. Este régimen, que contrasta tajantemente con la cosmovisión ancestral de la propiedad colectiva, no solo invirtió un modelo de prosperidad y autonomía, sino que también estableció un sistema de servidumbre que ha mutado, pero nunca ha desaparecido por completo.

Estos breves apuntes se centran en el ensayo sobre El problema de la Tierra de José Carlos Mariátegui (2007) como una obra clave para entender algunos conflictos sobre la tenencia de la tierra en la actualidad. A través de su pensamiento, se revela la continuidad histórica del despojo: las prácticas extractivistas de la colonia, que desestimaron la cultura agraria de nuestros pueblos originarios, sentaron las bases para que los procesos independentistas y republicanos, lejos de revertir este despojo, lo consolidaran con nuevas formas de violencia económica y legal. Además, se analizarán las nuevas caras del feudalismo, como el control de semillas y los monocultivos, argumentando que la resistencia indígena y su comunalismo ancestral representan una fuerza vital que se opone a un sistema que prioriza el beneficio individual sobre la vida comunitaria.

 

Colonialismo y extractivismo.

Para José Carlos Mariátegui (2007), Abya Yala, desde la invasión europea, ha tirado de un sinnúmero de lastres que tienen como centro la tenencia de la tierra, mediante el robo de esta y la implementación de un régimen económico feudal que fortalecen el gamonalismo, el latifundio y la servidumbre. El modelo de propiedad de la tierra es un factor determinante en los modelos de administración dentro de una nación, de lo cual se deduce que, del gamonalismo, implantado durante la colonia y mantenido en los períodos republicanos, no se puede esperar que las emergentes instituciones promuevan una economía próspera. La arquitectura en el Perú incaico confirma la existencia de una cultura agraria, fundamentada en el culto a la Mama Pacha y la heliolatría, de lo que se concluye que, si el sol no es de nadie, la tierra tampoco lo es (Mariátegui, 2007, p. 42). Ese es el cimiento de la propiedad colectiva de la tierra cultivable por el ayllu que permitió el florecimiento de esta civilización que fue reemplazada por el régimen feudal durante la colonia. Se cambia la economía agraria incaica por una economía extractivista invasora.

            Siguiendo a Mariátegui (2007), el colonizador español carecía de fundamentos económicos agrícolas, por lo que desestimó el valor económico del hombre incaico (agrícola). El invasor se enfocó en una economía extractivista que redujo el capital humano originario, derivando en un sistema esclavista (p. 44). El indio no pudo ser asimilado, como lo pretendían los invasores. Los suicidios colectivos, acto político de resistencia, de nuestros compañeros indígenas a lo largo y ancho de nuestro continente lo ratifican. El colonizador se ocupó primordialmente de la minería y, ante la reducción demográfica indígena, implementó la incorporación de esclavos para la extracción de recursos. El colonizador español no fue un creador, simplemente fue un extractor de riquezas del subsuelo.

 

Comunidad y revolución.

Mediante la catequización, la comunidad indígena organizada, fue incorporada como un engranaje dentro de la máquina colonial. La comunidad podía y debía subsistir, para poder despojar sus tierras y, a su vez, tener tributadores, esto se logró mediante las encomiendas, donde el encomendero era un señor feudal que disponía de vidas y tierras (ejemplo patente de ello fue el cura Nicolas Ramírez). Tierras que daba miserablemente a los indios, con la intención de mantenerlos en el territorio y proveerse de mano de obra (Mariátegui, 2007, p. 52). Los lotes dados a los comuneros eran insuficientes, y esto era clave para evitar la emigración (aprovechándose de su conexión cosmogónica con la tierra), manteniéndolos en un estado de dependencia y miseria. Lo anterior fueron las bases de lo que vendría a ser la figura de los resguardos coloniales y del bracero (terrajero).

            Para Mariátegui (2007) las revoluciones independentistas no cambiaron mucho el panorama, ya que la tenencia de la tierra siguió siendo del gamonal, pues fueron los criollos quienes enarbolaron las banderas libertarias, en tanto que los indígenas eran esclavos dentro de las sociedades coloniales. El programa revolucionario de los aristócratas nunca pretendió la reivindicación de los originarios (p. 54). Por ello la política agraria proyectada y ejecutada para las repúblicas nunca atacó al latifundio, sólo se limitó al reparto de tierras -que viene siendo la prolongación de la figura de resguardos coloniales, ahora resguardos republicanos- y este hecho si fue un ataque al ayllu. La abolición teórica republicana de la servidumbre no fue más que un saludo a la bandera, pues el latifundio nunca se tocó. La servidumbre es una cara de la feudalidad, pero no es la feudalidad.

 

Repúblicas y caudillos.

El halo caudillista que se sentía en el ambiente revolucionario presagiaba el mantenimiento del despojo y la servidumbre. Al rastrear los títulos de los grandes terratenientes se evidencia la herencia despótica de la tenencia de la tierra, fundamentada con el caudillismo. Es bien sabido por la historia que casi todo caudillo remata en hacendado (Vasconcelos, 1926). Es por ello, tal vez, que un nuevo ordenamiento jurídico y económico debe de partir de una clase, no de un caudillo. “El legislador ordena que repartamos nuestros terrenos de resguardos, pero no dice que el blanco, que tiene sus latifundios, también los reparta. Como medio más apropiado para reivindicar nuestra raza proscrita y abandonada” (Quintín Lame, 2004, p. 176).  La falta de prácticas reales en beneficio de los indígenas y la propiedad colectiva de la tierra derivó en la inexistencia de leyes nacionales, por ello se recurre, en la actualidad, a tratados internacionales que ayudan, y presionan, en la conformación de bloques constitucionales, que son más permeables y permiten la evasión de responsabilidades nacionales respecto a la reivindicación de nuestros pueblos originarios. Lo que sí se ha dado es el fortalecimiento del latifundio mediante nuevas prácticas.

Las repúblicas heredaron y fortalecieron la propiedad feudal mediante el remate de terrenos “baldíos” para la conformación de haciendas. La usurpación de tierras que pertenecían ancestralmente a nuestros pueblos originarios, que incluso eran resguardos coloniales, fue un ataque directo a la propiedad comunitaria, al reducirlos muchísimo más al conformar los resguardos republicanos. “Destruir las comunidades no significaba convertir a los indígenas en pequeños propietarios y ni siquiera en asalariados libres, sino entregar sus tierras a los gamonales y a su clientela” (Mariátegui, 2007, p. 60). Ahora bien, esta pretensión de destruir sistemáticamente el ayllu no se ha conseguido, el indio no se ha hecho individualista. El comunalismo del indio sigue siendo su más férrea defensa. Las mingas de trabajo y las mingas de pensamiento que perviven son prueba fehaciente de ello.

Con los resguardos coloniales y republicanos se promulgaba, falazmente, el deseo de proteger a los indígenas y su cosmovisión -al mantenerlos en su territorio, evitando la inserción de estos en los cascos urbanos- pero lo que realmente se pretendía con dicha romantización era restringirlos en pequeños territorios poco productivos, con escasas fuentes hídricas y de difícil acceso, dejando las tierras más fértiles para los gamonales. Este objetivo se conseguía incluso con la masacre. “Habían expropiado, por las buenas o por las malas, a la mayoría de los indígenas del «derecho de tierra» que les había tocado en las reparticiones y los habían convertido de dueños en arrendatarios y peones” (Quintín Lame, 2004, p.  28). Los gamonales, ya con las mejores tierras, no se preocupaban de la productividad de la tierra, sino sólo de su rentabilidad mediante la explotación ilimitada de la fuerza de trabajo del indio al proveerle las peores tierras de sus haciendas para que las “aproveche” y viva allí. El hacendado, sin hacer nada más que ceder el terreno para ser trabajado, se quedaba con la mitad de lo producido. La figura del bracero a la que se refiere Mariátegui (2007, p. 77) equivale a la del “terrajero” en Colombia, y que fue una lucha ardua a la que el Mayor Manuel Quintín Lame dedicó su vida. Lo que se busca no son concesiones o caridad, sino la justa restitución de lo que nos fue arrebatado.

 

Formas actuales del feudalismo.

Siguiendo a Mariátegui (2007) la usurpación de las mejores tierras va de la mano con intereses económicos extranjeros (p. 78) y se fortalece con la inserción de maquinaria para monocultivos con fines de exportación. Estos tipos de cultivos se convierten en papeles financieros, bonos de deuda pública, con los que se generan grandes lucros para pocos y ruina para muchos (Pérez, 2007). Los indígenas hacen parte de esos muchos, pues cuando intentan acceder a créditos hipotecarios corren un gran riesgo, ya que con el cambio climático arriesgan cada día no sólo sus cosechas, sino sus tierras; tierras que en muchos casos pierden por la deuda y posteriormente serán adquiridas por los mismos banqueros para desarrollar monocultivos en vastas extensiones de tierra que terminan destruyendo ecosistemas, pueblos y saberes ancestrales. La violencia económica es una forma más de las muchas que usa el feudalismo.

    Mariátegui (2007) notó que el feudalismo usa la violencia económica en la producción agrícola, en tanto que se proporcionan créditos para países que puedan ofrecer ventajas al mercado internacional. Los actuales terratenientes criollos responden a esos intereses económicos, no son más que agentes intermediarios del capitalismo y nuestros pueblos son solo vistos como depósitos de materias primas (p. 81). Ese modelo global necesita ser alimentado, por ello se reproduce de manera fractal. Los bancos nacionales prestan a quienes ayuden a fortalecer los intereses internacionales. Las transnacionales de semillas transgénicas y agroinsumos hacen lobby, con los grandes países y con bancos internacionales, para promover el uso exclusivo de sus semillas y agroquímicos, y esto se explicita en los Tratados de Libre Comercio (Pérez, 2007, p. 163), donde los países se comprometen a usar esos insumos por períodos mínimos de 20 años. 

Desde los Congresos se generan leyes, que serán apropiadas e impartidas como políticas públicas por los Ministerios de Agricultura a las entidades territoriales de control agrícola, que estimularán el uso de las semillas modificadas y prohibirán las semillas nativas (ICA, 2010). Bajo estas leyes no sólo se busca la regulación de las semillas en pro de una pseudo sanidad de los cultivos, sino que también se promueve el monopolio transnacional mediante la criminalización de la semilla nativa, al calificarlas de poco aptas para la producción a gran escala, y derivando muchas veces, en la venta de predios a latifundistas que implementan monocultivos en beneficio del mercado internacional. Esta práctica conlleva a la aniquilación de culturas y saberes ancestrales, al atacar su soberanía e independencia alimentaria, representada en sus semillas y sus tierras. La semilla, potencia vital y propiedad comunitaria, pasó a ser una patente de propiedad privada.

 

Consideraciones finales.

Para Mariátegui (2007) el carácter de la propiedad agraria es la mayor traba para el desarrollo de las sociedades ancestralmente agrarias, ya que no se pretende poner a producir la tierra sino mantener su estatus mediante la renta de la tenencia de esta (p. 81). Tener la tierra implica una presencia real, activa, y en el feudalismo no sucede. Si así fuera, la producción estaría primeramente destinada a la satisfacción de las necesidades internas como sucedía en el Imperio Incaico con los pósitos. Evidentemente lo que pretenden, los neolatifundistas, es beneficiarse de la tenencia de la tierra, no de su producción.

En la actualidad, la deforestación es una herramienta utilizada para la invasión de terrenos “baldíos”, posteriormente se insertan ganadería extensiva o cultivos (lícitos o ilícitos) para lograr hacerse con títulos de posesión. Finalmente se genera una rentabilidad a partir de la extracción de minerales e hidrocarburos para satisfacer demandas extranjeras. La primera forma extractivista de un recurso renovable, es justificada con la futura producción agrícola y pecuaria, que deriva en un saneamiento del predio, pero que tiene por objetivo, la extracción de recursos no renovables. El texto de Mariátegui (2007) es muy actual en tanto que se evidencia que la práctica extractivista colonial, propia de la economía feudal, prevalece de otras formas en nuestros territorios.

Correr la frontera agraria con la falacia de la producción no es más que la justificación de la usurpación de territorios que los indígenas hemos protegido ancestralmente. El silencio e inoperancia de las instituciones no sólo demuestra una orientación feudal en el pensamiento de los dirigentes políticos, sino que evidencia los deseos de mantener el modelo a través de la violencia sistemática contra la propiedad común del ayllu. Los líderes sociales y los pueblos indígenas no somos una traba a la rueda falaz del progreso, promovida desde el individualismo de la propiedad privada, sino una forma de resistencia milenaria alternativa frente al despojo feudal. Nuestra visión comunal, fundamentada en nuestras cosmogonías, es lo que nos permite resistir a las diversas mutaciones que el feudalismo colonial ha tenido desde la invasión hasta nuestros recientes días republicanos.

             Para concluir, el legado de Mariátegui nos invita a reconocer que el problema agrario no es una cuestión del pasado, sino una herida abierta en nuestros territorios. La lógica feudal de la propiedad, que privilegia el estatus sobre la producción, se manifiesta hoy a través del extractivismo, la deforestación y la usurpación de tierras indígenas. La falacia del progreso es el pretexto para un despojo colonial que continúa con la complicidad institucional. Sin embargo, frente a esta continuidad, los indígenas emergemos como resistencia milenaria. Nuestra cosmovisión comunal no es un obstáculo, sino una alternativa fundamental para confrontar y superar las diversas mutaciones del feudalismo colonial en la actualidad. Es necesario descolonizar el pensamiento para que se de un proceso real de liberación de lo humano y lo no-humano. El 12 de octubre se conmemora la resistencia originaria, no la invasión. El 12 de octubre debe buscar la liberación, no la mera emancipación.

 

 

Bibliografía:

Instituto Colombiano Agropecuario. (2010). Resolución 970 de 2010. Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, 47.648.

Mariátegui, J. (2007). 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Caracas. Fundación Biblioteca Ayacucho.

Pérez, O. (2007). TLC y pueblos indígenas: entre el saqueo y la resistencia. Bogotá, D. C. Colección Autonomía Indígena.

Quintín Lame, M. (2004). Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Cali. Editorial Universidad del Cauca.

Vasconcelos, J. (1926). El Nacionalismo en la América Latina. Amauta, N